¿Es ético lucrarse con la salud de las personas?

Cuando hablamos de prioridades en nuestra vida, pocas cosas ocupan un lugar tan alto como la salud.

Una buena salud nos permite disfrutar desde los momentos más pequeños hasta tener la vitalidad para alcanzar nuestros sueños más ambiciosos. Solo hay que pensar en aquellos días en los que un mero dolor de cabeza te dificulta hasta las tareas más rutinarias.

Este estado de salud ideal al que todos aspiramos requiere ejercicio diario, buen sueño, cuidar la alimentación, una vida social rica y, en muchas ocasiones, recurrir a la medicina moderna para tratar nuestras afecciones.

La medicina moderna, lo que conocemos como medicamentos, tratamientos y terapias, depende en gran medida de empresas farmacéuticas que se encargan de desarrollar y comercializar estos fármacos.

El surgimiento de grandes corporaciones privadas ha despertado un debate en torno a la salud en las últimas décadas.

Parte de ese debate nace de la propia historia de la industria. En Estados Unidos, algunas farmacéuticas promocionaron de forma agresiva analgésicos opioides como el OxyContin, restando importancia a su riesgo de adicción. El resultado fue una crisis que ha costado cientos de miles de vidas. Y en 2015, una empresa compró los derechos de un medicamento usado por pacientes con VIH y subió su precio de 13,50 a 750 dólares por pastilla de un día para otro.

Casos como estos han hecho que, para muchas personas, la industria farmacéutica sea sinónimo de beneficio por encima de todo. Y nos llevan a la gran pregunta: “¿Es ético lucrarse con la salud de las personas?”

Para responder a esta pregunta, conviene empezar por definir qué es la salud. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

La OMS también la reconoce como un derecho fundamental de todo ser humano, pero con un matiz, no se trata del derecho a estar sano, algo que nadie puede garantizar, sino del derecho a acceder a las condiciones y servicios que permiten estarlo.

La ONU lo concretó en el año 2000 en cuatro ideas sencillas: que estos servicios existan, que sean accesibles, que sean aceptables y que tengan calidad. Y dentro de la accesibilidad incluye algo clave, que sean asequibles.

Por tanto, ningún Estado puede garantizar la salud de todos sus ciudadanos, pero debe garantizar un acceso de calidad a los servicios sanitarios y a un precio que permita llegar a toda la población. Y aquí es donde aparece el problema: el precio de los tratamientos.

Llegados a este punto, conviene mirar el otro lado. Las empresas farmacéuticas cobran por sus medicamentos, y lo hacen por una razón que a menudo se olvida: desarrollar un fármaco es un proceso largo, caro y lleno de fracasos. Desde que se descubre una molécula prometedora hasta que llega a la farmacia pueden pasar entre 10 y 15 años. Por el camino, la gran mayoría se queda atrás. Aproximadamente 9 de cada 10 tratamientos que empiezan los ensayos en humanos nunca llegan a aprobarse, porque no funcionan o no son seguros.

Las estimaciones sobre el coste de sacar un medicamento al mercado varían mucho según quién haga el cálculo, desde unos 1.000 hasta más de 2.500 millones de dólares.

Para que alguien asuma ese riesgo, existen las patentes. Una patente da a la empresa el derecho exclusivo a vender su medicamento durante unos 20 años desde que lo registra. Gran parte de ese tiempo se consume en investigación y ensayos; el periodo real de venta suele quedarse en torno a 10 años. Después llegan los genéricos y el precio cae.

Ese margen de exclusividad es lo que permite recuperar la inversión y, en teoría, financiar la siguiente generación de tratamientos.

En España, además, el precio no lo decide la empresa sola. Una vez que un medicamento está autorizado, el Ministerio de Sanidad negocia con la compañía el precio y si el sistema público lo financia o no.

Hasta aquí, el modelo tiene lógica. El problema aparece cuando el precio deja de responder a la necesidad de recuperar la inversión y pasa a responder a cuánto está dispuesto a pagar alguien que no tiene alternativa.

Esto podemos verlo con el caso de la hepatitis C. En 2014 llegó un tratamiento capaz de curar la enfermedad en más del 90% de los pacientes, un avance histórico. Su precio inicial en Estados Unidos rondaba los 84.000 dólares, mientras que estudios independientes estimaban su coste de fabricación en apenas unos cientos.

En España, el sistema sanitario tuvo que racionar el tratamiento, decidiendo qué pacientes podían recibirlo y cuáles no en función de su gravedad. Su precio impedía garantizar el acceso a todos.

Ahí, creo, está el límite. Que una farmacéutica obtenga beneficios no es poco ético; es lo que le permite seguir investigando. Lo que sí plantea un problema ético es cuando el beneficio se dispara muy por encima de lo necesario a costa de que haya personas que no pueden acceder a un tratamiento que existe.

Es cierto que garantizar el acceso a la salud es una obligación de los Estados, no de las empresas. Pero que algo no sea una obligación legal no significa que no exista una responsabilidad.

Una compañía que fabrica algo de lo que depende la vida de las personas debería aspirar a que su medicamento llegue al mayor número posible de pacientes, en cualquier parte del mundo.

Y hay formas de hacerlo, como conceder licencias para que se fabriquen genéricos en países con menos recursos. Es lo que acabó haciendo la propia empresa del tratamiento de la hepatitis C. Llegó tarde, sí, pero demostró que es posible.

En mi opinión, es lícito y necesario que las empresas farmacéuticas obtengan un beneficio de sus medicamentos, ya que esto permite que estas sigan investigando y avanzando en el tratamiento de miles de enfermedades que a día de hoy no tienen cura o solo cuentan con tratamientos parciales.

Pero ese beneficio no puede ser el único objetivo. Quien desarrolla algo de lo que depende la vida de las personas tiene también un compromiso ético: trabajar para que sus tratamientos lleguen cada vez a más pacientes, a un precio que los Estados puedan asumir. No se trata de renunciar a ganar dinero, porque sin beneficios nadie seguiría investigando, sino de encontrar el equilibrio entre la rentabilidad y el acceso a estos tratamientos.

Lucrarse con la salud no es el problema. El problema empieza cuando el precio decide quién se cura y quién no.