Elecciones a estribor

Como bien todos sabemos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocó elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, en un momento convulso en el panorama político español. El tema de moda en los medios ahora es la vivienda, que sustituye la crisis de Ceuta, con el cual los dirigentes de los principales partidos políticos se culpan mutuamente, utilizando discursos a mi juicio populistas para ganar votos en esta carrera electoral que acaba de comenzar. Sin embargo, no son reproches lo que busca el pueblo, sino soluciones.

Para entender por qué Pedro Sánchez ha adelantado las elecciones que originalmente eran en 2027, hay que entenderlo como una estrategia política. El rechazo del Congreso (tras la negativa del Partido Popular, Vox y Junts), de las medidas que quería implementar el Gobierno frente a la crisis de la vivienda, se han sumado a las protestas en la plaza de Sol en Madrid tras el desahucio de Maricarmen, quien falleció dos semanas después. Por tanto, aprovechando el panorama, el Partido Socialista argumenta no tener una suficiente mayoría parlamentaria y que las elecciones son necesarias.

Las reacciones, de los actuales big four de la política española no sorprenden a nadie. Como se ha mencionado, el planteamiento principal del PSOE es la necesidad de aumentar los escaños de la “coalición progresista” ante el avance de la derecha, a la que acusa de bloquear sus medidas. En cambio, Feijóo, el favorito según la última encuesta del CIS, opta por la construcción de 200.000 viviendas como solución, afirmando que el Gobierno no ha creado suficiente oferta y que la culpa reside en ellos. Una postura, desde luego parecida a la de Santiago Abascal, quien, aunque también reafirma que el problema de la vivienda es de prioridad nacional, está asimismo utilizando este caos para hacer campaña electoral. Por último, la izquierda más alternativa acaba de nombrar a Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona, como cabeza de lista para las elecciones.

Ante esta nueva convocatoria, el pueblo español tiene más dudas que nunca. La consecuencia de esta dinámica es una creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones. Según el CIS, el 87,5 % de los encuestados considera insuficientes los mecanismos actuales para luchar contra la corrupción. No es de extrañar ante la sucesión de investigaciones que afectan al entorno socialista, desde el caso Koldo hasta las pesquisas sobre Leire Díez y las presuntas maniobras contra la jueza Beatriz Biedma, plasmadas en un informe de la UCO. Sin embargo, la oposición tampoco parece dispuesta a escapar de esta espiral: PP y Vox recurren con frecuencia a discursos de confrontación que simplifican problemas complejos, mientras la izquierda alternativa continúa fragmentada y sin un liderazgo claro. En una política cada vez más pendiente del impacto mediático y de las redes sociales, cabe preguntarse si los partidos buscan convencer al ciudadano o simplemente movilizarlo contra el adversario. Porque, mientras ellos compiten por el relato, los problemas siguen esperando soluciones.

Volviendo al tema de la vivienda y el caso del desahucio de Maricarmen, sin entrar en su situación personal, se nos recuerda que hay personas cuyas vidas dependen de las decisiones políticas. La vivienda se ha convertido en uno de los mayores desafíos para los jóvenes y las familias, pero las soluciones requieren algo más que promesas electorales: hacen falta medidas evaluables, colaboración entre administraciones y continuidad en las políticas públicas. Garantizar el acceso a una vivienda digna debe ser una prioridad, sin que ello suponga olvidar la importancia de proteger la propiedad privada y respetar los acuerdos entre propietarios e inquilinos. Ambos principios deben poder convivir en un marco que ofrezca seguridad jurídica y oportunidades reales.

Al final, conviene recordar que la política no es un fin en sí mismo, sino un medio para servir a la sociedad. España no necesita más enfrentamientos estériles ni políticos obsesionados con atribuirse victorias y repartir culpas, sino representantes capaces de asumir responsabilidades, dialogar y ofrecer soluciones. Porque el éxito de un Gobierno no debería medirse por cuánto debilita al adversario, sino por cuánto mejora la vida de sus ciudadanos. Que los partidos recuerden, de una vez por todas, que el poder no les pertenece: se les confía para ponerlo al servicio del pueblo.